Ley de Cambio Climático y Transición Energética: hacia la neutralidad climática

El Gobierno de España presenta a las Cortes el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que pretende alcanzar la neutralidad de emisiones para el año 2050 como límite

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo fin es la descarbonización de la economía del país y la transición escalonada hacia una neutralidad de emisiones, fue presentado el pasado día 19 de mayo en las Cortes. Este borrador llega además en un contexto en el que el sector científico y tecnológico observa en la acción climática y en la recuperación sostenible uno de los pilares de recuperación ante la crisis económica provocada por las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

Esta idea de la inversión en la descarbonización y en la transición energética como un punto de recuperación ante la crisis del Covid-19 es algo que el Ministerio de Transición Ecológica respalda al hablar de un proyecto que «en un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19 posiciona a España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de atracción de inversiones». Y es que, según las cifras ofrecidas por el ejecutivo, esta hoja de ruta atraería más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales y aumentando en un 1,8% el Producto Interior Bruto del país.

La contribución de este marco regulativo para la riqueza del país se convierte en uno de sus principales argumentos. Algo que se desprende del borrador donde se afirma que «en un país con altas tasas de desempleo como España, la misma debe ser motor de creación nuevos empleos dignos y de calidad«.

Así las cosas, los objetivos para la neutralidad climática, que podrán ser revisados al alza, quedan fijados en los siguientes grandes puntos:

1. Neutralidad climática para el año 2050.
2. Un sistema eléctrico 100% renovable antes de mitad de siglo.
3. Reducción, para el año 2030, de un 20% de las emisiones del conjunto de la economía española.
4. Asegurar que el 35% del consumo final de la energía es de origen renovable antes de acabar la próxima década; garantizando que el 70% del sistema eléctrico español sea renovable antes del 2030.
5. Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

Este proyecto de ley incide en la necesidad de un marco normativo «atractivo, predecible y estable» de cara a atraer la inversión del sector privado. Así, el Gobierno señala que estas inversiones se materializarán en los sectores de eficiencia y ahorro, las renovables y las redes eléctricas; siendo notables los ahorros en importaciones de combustibles fósiles, una de las losas de la balanza comercial de España, a partir del año 2025.

La obligatoriedad de instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos costará, al menos, 44 millones de euros al sector de las gasolineras

Dentro de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, uno de los puntos más interesantes a futuro es el de la instalación de las llamadas «electrolineras», que se erigen como fundamentales para afianzar al vehículo eléctrico. Según publica el diario Expansión, esta ley, que afectaría al 10% de la red de gasolineras de España, tendría un «impacto mínimo» de 44 millones de euros. Y es que, según se desprende del borrador, la instalación de cada punto de recarga sería de unos 40.000€ de media; algo que alcanzaría a unas 1.105 gasolineras en todo el país.

Esta cifra afectaría de diferente manera según el tipo de instalación eléctrica necesaria y el servicio que ofrecería a los usuarios. Así, la medida establece una potencia mínima de 50 kW (de carga rápida) en corriente continua. Sin embargo, se podría instalar diferentes puntos de 50 kW o de mayor potencia según consideración de cada estación de servicio. Ejemplo de ello serían las estaciones de recarga superrápida, que alcanzarían los 100 kW y cuyo coste de inversión se situaría en una horquilla entre los 100.000 y los 200.000 euros. En el supuesto de que el 10% de las estaciones de servicio instalasen este tipo de cargadores de alta transmisión, el impacto de la inversión del sector se situaría en los 111 millones de euros.