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Arranca el año y Euskadi lo hace con un programa para el impulso de la eficiencia energética, instalación de energías renovables y movilidad sostenible destinado a las diferentes entidades locales como ayuntamientos, mancomunidades, juntas administrativas, empresas públicas municipales, fundaciones o consorcios. El Ente Vasco de la Energía (EVE) será el agente público encargado de administrar los 90 millones de euros destinados a este programa, enmarcado dentro de la Ley de Sostenibilidad Energética, que se basa en anticipos reintegrables del 70% del coste total de los proyectos a cero intereses y que estará en vigor hasta que su presupuesto se agote.
Así las cosas, las ayudas irán destinadas a ámbitos como el impulso de la eficiencia energética, el alumbrado exterior, la eficiencia en edificios, la envolvente térmica o la instalación de energías renovables. En este último punto, relativo a la instalación de energías verdes, el EVE informa que se impulsará el despliegue de pequeñas instalaciones de generación eléctrica tales como fotovoltaicas, eólicas o mini-centrales hidroeléctricas; así como instalaciones para la producción térmica como biomasa, bombas de calor, aerotermia o geotermia.
El programa, que estudiará las diferentes solicitudes conforme al orden de presentación, primará este tipo de proyectos en las entidades locales con menos de cinco mil habitantes. Estos municipios podrían alcanzar un incremento del 30% en los anticipos reintegrables del coste del proyecto presentado, cuyo reintegro está fijado de manera estándar en un 70% del coste total para todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes. En las localidades cuya población se encuentre entre los 5.000 y los 20.000 habitantes, el incremento sobre el reintegro estándar alcanzaría el 20%.
Los límites generales de estas ayudas se establecen en una cuantía máxima reintegrable de 1 millón de euros por proyecto, con 10 millones de euros como máximo por beneficiario, y una inversión mínima de 50.000 euros. Previamente, se ha destinado una partida de 10 millones de euros de cara a la elaboración de los diferentes estudios y auditorías energéticas previas requeridas para planificar los proyectos en cuestión.
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