España aprueba la primera ley del cambio climático

El Congreso de los Diputados ha aprobado este mayo una ley con el propósito de frenar el cambio climático, ¿pero en qué consiste?

La primera ley del cambio climático de España ha entrado oficialmente en vigor desde el pasado jueves, tras contar con el apoyo de todos los partidos de la cámara salvo PP y Más País, que se abstuvieron por diferentes motivos, y el voto en contra de Vox. Pero, más allá del simbolismo que este tipo de decisiones tienen, seguramente te estés haciendo una pregunta que, a continuación, queremos resolverte: ¿en qué consiste esta nueva ley?

A primera vista, se pueden desgranar varios compromisos que van en línea con la Agenda 2030 impulsada por las Naciones Unidas y los planes del Grean Deal europeo. Y es que España se ha comprometido a disminuir sus gases de efecto invernadero en un 23% para el fin de la década, tomando los niveles de 1990 como referencia. Además, esta voluntad no cesa ahí, sino que se trata de una parada intermedia para lograr la neutralidad climática, cuya fecha límite será en 2050 a más tardar.

Por otro lado, y en lo que afecta al cada vez mayor creciente papel de las energías renovables, esta hoja de ruta marca que, como mínimo, el 42% del consumo final de energía debe ser de origen renovable para el año 2030, alcanzando además el 74% de la generación eléctrica a partir de energías de este tipo, frente al 40% actual.  Objetivos que, según publican varios medios, se prevén revisar al alza en 2023.  Además, a partir de ahora se prohíben los nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos en España y se veta la técnica de la fractura hidráulica, el fracking.

En lo respectivo a movilidad y su papel decisivo en el cambio climático, la gran noticia es la supresión de la venta de vehículos de combustión para el año 2040 y la necesidad de que en 2050 todo el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros tiene que estar libre de emisiones de dióxido de carbono. Una noticia que, sumada a la necesidad por parte de los municipios de más de 50.000 habitantes – o de 20.000 cuando tengan problemas de calidad del aire- de tener zonas de bajas emisiones, sitúa al vehículo eléctrico como la alternativa real a los problemas de contaminación actuales.

En relación con la actual falta de puntos de recarga para vehículo eléctrico, las estaciones de servicio se verán obligadas a instalar este tipo de “electrolineras”, para lo que se ha creado un plan progresivo que comienza con los establecimientos de mayor tamaño para finalizar su aplicación en las gasolineras más pequeñas. Así, las primeras estarán obligadas a tener, como mínimo, un punto de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en un plazo de 21 meses desde la aprobación de esta legislación. Además, los nuevos edificios en construcción deberán contar con presencia de este tipo de dispositivos; medida que se aplicará también en edificios existentes y en edificios privados no residenciales con un aforo mayor de 20 plazas.

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica ha destacado que «es una ley que el país necesitaba y que se había postergado demasiado tiempo».  Algo que, en palabras de la ministra, se ha visto debido «al grado de implicación e interés» de los diferentes grupos parlamentarios, tras recibir en la Cámara Baja un total de 758 enmiendas parciales, de las que se han incorporado 3 -junto a otras 16 transaccionales-, y 585 enmiendas a su paso por el Senado, de las que se han incluido 5.

«Abordamos retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad y, sin embargo, es en esta misma coyuntura donde se muestra con total evidencia la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida integrando en ella los criterios de sostenibilidad y resilicencia», declaró Ribera.